Las rentas, que tendrán un mínimo de 85 euros mensuales, se adaptarán a los ingresos netos de las familias, con descuentos por el número de miembros de la unidad de convivencia, así como para las familias monoparentales o con menores con discapacidad
Se reducirá la presión económica sobre las familias más precarias que han sufrido en los últimos años una subida generalizada de los precios de los servicios básicos como la alimentación y los suministros.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado los criterios de cálculo de la renta de alquiler para adaptarlo a la realidad actual y al esfuerzo sobre los ingresos de los arrendatarios de pisos gestionados por Zaragoza Vivienda. El acuerdo, que se aprobó por unanimidad este febrero en el seno del Consejo de Administración de la sociedad municipal de vivienda, busca adaptarse a la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las familias en los últimos años.
«Se había detectado que, a pesar del aumento de los ingresos económicos de algunas familias por el incremento del IPREM (indicador de referencia para prestaciones sociales), de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de la mejora de las pensiones y de haberse creado el Ingreso Mínimo Vital, la presión fiscal y económica están afectando al poder adquisitivo de las familias», ha apuntado el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo. «Esto es debido a la subida generalizada de los precios de los servicios básicos como la alimentación y los suministros, siendo las familias con economías más precarias las más afectadas», ha lamentado el edil.
Por ello, «el objetivo de esta modificación es adecuar el precio del recibo de alquiler a estas nuevas circunstancias socioeconómicas para que sean lo más ajustadas posible a la realidad de cada unidad de convivencia y a la normativa vigente», ha apuntado Rodrigo.
De esta manera, a partir de ahora, la renta del alquiler mensual se calculará conforme al nivel de esfuerzo sobre los ingresos netos de la unidad de convivencia de los tres últimos meses. A todos los efectos, se computarán los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia. Mientras que los ingresos de los descendientes cuya edad sea menor o igual a 25 años computarán al 50%. Asimismo, no se tendrán en cuenta como ingresos para este cálculo los que provengan de las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia.
Por lo tanto, la renta del alquiler queda fijada a 4 euros/metro cuadrado para los contratos que se firmen a partir del 1 de marzo de 2025. Este importe se actualizará anualmente según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda o el que lo sustituya. La renta general de los contratos de arrendamiento de viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda se determinará adaptando el nivel de esfuerzo económico que tengan que hacer las unidades de convivencia al precio de la renta, incluyendo los gastos de comunidad como gasto asimilado a la renta. «En todo caso, se establece un precio mínimo de alquiler de 85 euros mensuales», ha especificado José Miguel Rodrigo.
Las unidades de convivencia con ingresos netos inferiores o iguales a 1 IPREM pagarán el precio mínimo de alquiler de 85 euros. A partir de 1 IPREM, el importe de renta y gastos de comunidad a pagar por los arrendatarios no podrá superar entre el 15% y el 30% de los ingresos netos de la unidad de convivencia. Este porcentaje aumentará progresivamente a medida que aumenten sus ingresos económicos, hasta un máximo del 30% en los casos que superen 2,5 IPREM.
De este modo, además de los ingresos netos de la unidad familiar, dado que se aplica una primera reducción a la unidad de convivencia en función de los ingresos económicos netos que posee en cada momento, habrá otros dos indicadores para ponderar las rentas que se girarán a los usuarios.
Por un lado, se tendrá en cuenta el número de miembros de la unidad de convivencia. «Se aplicará una reducción de 10 euros al mes por cada miembro adicional de la unidad de convivencia, a partir del tercer miembro, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las mismas. Esta cuantía se actualizará anualmente con el IPC y se aplicará a aquellas familias cuyos ingresos no superen 3 IPREM.
Por otra parte, se tendrán en cuenta las situaciones especiales. En concreto, a las familias monoparentales y a las que tengan menores de 18 años con más del 33% de discapacidad se les aplicará una reducción de 20 euros mensuales y se actualizará anualmente con el IPC. En ambas situaciones el importe de la reducción se realizará por unidad de convivencia, independientemente del número de miembros que la integre, y siempre que los ingresos no superen 3 IPREM.
«Los criterios de reducción son independientes, pero se podrán aplicar de forma conjunta», ha recordado José Miguel Rodrigo, quien además ha señalado que «estos criterios de cálculo de la renta del alquiler se revisarán y evaluarán con carácter general cada cinco años, salvo que se den circunstancias extraordinarias que afecten a la vida de los inquilinos y siempre que se detecten nuevas situaciones que sea necesario incluir, con la finalidad de que los criterios de cálculo no se queden desfasados». De este modo, se actualizan unos criterios que procedían de febrero de 2019, con una situación económica y social bien diferente a la actual.
